Contiene: I. Introducción.- II. La administración contratante: Entre igualdad y especialidad en la obra de la jurisprudencia: El papel de la jurisprudencia en la creación de una posición de especialidad del contratante público.- II. La obra jurisprudencial de erosión de los privilegios públicos: Buena fe y responsabilidad precontractual del sujeto público; Cláusulas abusivas y pliegos de contratación; Equiparación del deudor público al privado; Tutela de las situaciones subjetivas del contratante privado.- III. Los éxitos del proceso de erosión de los privilegios públicos.- IV. El reconocimiento jurisprudencial de los privilegios del sujeto contratante público.- V. Una cuestión abierta: los contratos de la administración entre autonomía privada y función.- III. Evolución normativa: Un criterio de interpretación; Las modificaciones derivadas de las normas comunitarias; La particular rigidez de la Ley 109, de 11 de febrero de 1994, de obras públicas.
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Benedetti Giampaolo Rossi, Auretta
La actividad contractual de la administración pública
En: Documentación Administrativa. -- no. 248-249 ((May.-Dic. 1997), 0). -- Madrid : INAP (España), (May.-Dic. 1997)
Contiene: I. Introducción.- II. La administración contratante: Entre igualdad y especialidad en la obra de la jurisprudencia: El papel de la jurisprudencia en la creación de una posición de especialidad del contratante público.- II. La obra jurisprudencial de erosión de los privilegios públicos: Buena fe y responsabilidad precontractual del sujeto público; Cláusulas abusivas y pliegos de contratación; Equiparación del deudor público al privado; Tutela de las situaciones subjetivas del contratante privado.- III. Los éxitos del proceso de erosión de los privilegios públicos.- IV. El reconocimiento jurisprudencial de los privilegios del sujeto contratante público.- V. Una cuestión abierta: los contratos de la administración entre autonomía privada y función.- III. Evolución normativa: Un criterio de interpretación; Las modificaciones derivadas de las normas comunitarias; La particular rigidez de la Ley 109, de 11 de febrero de 1994, de obras públicas.