Este artículo reproduce una exposición realizada por el Dr. Gigena, donde señala que hasta el año 1989 la mayoría de los servicios públicos eran prestados por el Estado o por empresas del Estado, el resto por concesionarios. También el Estado, directamente o a través de Entes Autárquicos, Empresas Públicas, Empresas Mixtas, Sociedades Privadas administradas o controladas por el Estado, realizaba una serie de actividades industriales, comerciales, de servicios. Estas Empresas Estatales si bien legalmente debían ser controladas, en la práctica carecían de control. En una economía de mercado la Empresa Pública será siempre perdedora, porque ha estado muy vinculada al sistema político; y por eso la gran cuestión de estas Empresas ha sido autonomía versus dependencia. Hay una ausencia general de poder y de responsabilidad. Todo esto trajo como consecuencia serios problemas económico-financieros al Estado poniéndolo en una situación de emergencia total. A partir del dictado de la Ley 23.696 (Ley de Reforma del Estado), el Gobierno Nacional se propuso transformar la estructura administrativa, económica y social del país. Programó terminar con las empresas estatales en pocos años y para eso llamó a licitación pública nacional e internacional para la concesión de explotación de los distintos servicios públicos. En algunos supuestos se trató de la concesión de la administración, de la explotación comercial y de la realización de obras. Se detallan los problemas que se presentaron con los concesionarios; y sostiene que se deben arbitrar los medios para que no aumente la concentración de riqueza en pocas empresas. También considera conveniente recordar
que el Estado conserva el poder de control y la potestad de aplicar sanciones cuando el concesionario no cumple con sus obligaciones.
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Altamira Gigena, Julio Isidro
La reforma del Estado y las privatizaciones en la Argentina
En: Anales. -- Año 34 ((1995), 0). -- Córdoba : Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, (1995)
Este artículo reproduce una exposición realizada por el Dr. Gigena, donde señala que hasta el año 1989 la mayoría de los servicios públicos eran prestados por el Estado o por empresas del Estado, el resto por concesionarios. También el Estado, directamente o a través de Entes Autárquicos, Empresas Públicas, Empresas Mixtas, Sociedades Privadas administradas o controladas por el Estado, realizaba una serie de actividades industriales, comerciales, de servicios. Estas Empresas Estatales si bien legalmente debían ser controladas, en la práctica carecían de control. En una economía de mercado la Empresa Pública será siempre perdedora, porque ha estado muy vinculada al sistema político; y por eso la gran cuestión de estas Empresas ha sido autonomía versus dependencia. Hay una ausencia general de poder y de responsabilidad. Todo esto trajo como consecuencia serios problemas económico-financieros al Estado poniéndolo en una situación de emergencia total. A partir del dictado de la Ley 23.696 (Ley de Reforma del Estado), el Gobierno Nacional se propuso transformar la estructura administrativa, económica y social del país. Programó terminar con las empresas estatales en pocos años y para eso llamó a licitación pública nacional e internacional para la concesión de explotación de los distintos servicios públicos. En algunos supuestos se trató de la concesión de la administración, de la explotación comercial y de la realización de obras. Se detallan los problemas que se presentaron con los concesionarios; y sostiene que se deben arbitrar los medios para que no aumente la concentración de riqueza en pocas empresas. También considera conveniente recordar
que el Estado conserva el poder de control y la potestad de aplicar sanciones cuando el concesionario no cumple con sus obligaciones.