Este trabajo tiene por objetivo exponer sobre la visión de los consumidores y usuarios en lo que respecta a la política del suelo. Comienza señalando los principales efectos producidos por el incremento de los precios de la vivienda en la forma de vida de muchas personas y señala al coste del suelo como factor decisivo que originó el mismo. Existe un acuerdo unánime de que: a) es necesario que el suelo sea intervenido por los poderes públicos y b) es necesario que existan reglas y normas elaboradas por el legítimo poder político y que no deben cumplirse. Los Planes Generales Municipales deberían concebirse con un carácter abierto y de mínimos dejando a los instrumentos de desarrollo un margen amplio de posibilidades para acoger, dentro del marco general, iniciativas municipales, pero también privadas, protagonizadas por los propietarios o por los promotores de urbanizaciones o edificaciones. Se indican algunos problemas sufridos por los planes en general: lapsos de tiempo muy considerables entre la formulación, la aprobación y su posterior instrumentación; frecuentes modificaciones del planeamiento derivados de acuerdos entre la administración y los promotores para permitir determinados procesos urbanísticos; trámites de información pública previstos en su procedimiento de elaboración que carecen en ocasiones de virtualidad y falta de publicación de las normas de los planes urbanísticos. Según la Comisión de Expertos del MOPTMA, existe un concenso general sobre el que la ciudad, espacio colectivo por excelencia, es una responsabilidad pública que debe ser defendida a través del planeamiento urbanístico, y que debe de configurarse la ciudad
como respuesta a los intereses colectivos. Se tratan los alcances de la intervención de las administraciones y se concluye enumerando las necesidades de acuerdo a la visión de consumidores y usuarios: agilización de plazos para evitar la escasez de suelo edificable urbanizado; realización de funciones de vigilancia y control por parte de la Administración; existencia de una política de suelo público complementaria a la privada; entender la política del suelo como un concepto integral; utilización del convenio Urbanístico como modelo de actuación; potencializar políticas de rehabilitación de los centros históricos de las ciudades; limitación de la densidad de edificación en cascos urbanos; coordinación de las diferentes administraciones públicas para elaborar instrumentos de planeamiento supramunicipales e infraestructuras; participación activa de los usuarios en el planeamiento a través de las asociaciones de consumidores e inclusión de nuevas exigencias medio ambientales.
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Rodríguez Sánchez, María
La política del suelo y la visión de los consumidores y usuarios
En: Las políticas del suelo en el siglo XXI : ¿intervención o liberación?. -- Granada : CEMCI, 1995
Este trabajo tiene por objetivo exponer sobre la visión de los consumidores y usuarios en lo que respecta a la política del suelo. Comienza señalando los principales efectos producidos por el incremento de los precios de la vivienda en la forma de vida de muchas personas y señala al coste del suelo como factor decisivo que originó el mismo. Existe un acuerdo unánime de que: a) es necesario que el suelo sea intervenido por los poderes públicos y b) es necesario que existan reglas y normas elaboradas por el legítimo poder político y que no deben cumplirse. Los Planes Generales Municipales deberían concebirse con un carácter abierto y de mínimos dejando a los instrumentos de desarrollo un margen amplio de posibilidades para acoger, dentro del marco general, iniciativas municipales, pero también privadas, protagonizadas por los propietarios o por los promotores de urbanizaciones o edificaciones. Se indican algunos problemas sufridos por los planes en general: lapsos de tiempo muy considerables entre la formulación, la aprobación y su posterior instrumentación; frecuentes modificaciones del planeamiento derivados de acuerdos entre la administración y los promotores para permitir determinados procesos urbanísticos; trámites de información pública previstos en su procedimiento de elaboración que carecen en ocasiones de virtualidad y falta de publicación de las normas de los planes urbanísticos. Según la Comisión de Expertos del MOPTMA, existe un concenso general sobre el que la ciudad, espacio colectivo por excelencia, es una responsabilidad pública que debe ser defendida a través del planeamiento urbanístico, y que debe de configurarse la ciudad
como respuesta a los intereses colectivos. Se tratan los alcances de la intervención de las administraciones y se concluye enumerando las necesidades de acuerdo a la visión de consumidores y usuarios: agilización de plazos para evitar la escasez de suelo edificable urbanizado; realización de funciones de vigilancia y control por parte de la Administración; existencia de una política de suelo público complementaria a la privada; entender la política del suelo como un concepto integral; utilización del convenio Urbanístico como modelo de actuación; potencializar políticas de rehabilitación de los centros históricos de las ciudades; limitación de la densidad de edificación en cascos urbanos; coordinación de las diferentes administraciones públicas para elaborar instrumentos de planeamiento supramunicipales e infraestructuras; participación activa de los usuarios en el planeamiento a través de las asociaciones de consumidores e inclusión de nuevas exigencias medio ambientales.
1. ESPAÑA; 2. ES; 3. VIVIENDA; 4. MERCADO DE LA VIVIENDA; 5. POLITICA DEL SUELO; 6. ADMINISTRACION URBANA; 7. USO DEL SUELO