El dilema de los desperdicios sólidos en Puerto Rico : diagnóstico, gestión pública y alternativas de acción
En: Revista de Administración Pública. -- Vol. 22, no. 1 ((Dic. 1989), 0). --
San Juan de Puerto Rico :
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(Dic. 1989)
Por razón de ser Puerto Rico una isla pequeña con una alta densidad poblacional y con una economía industrializada, el problema de los desperdicios sólidos es hoy por hoy uno de los dilemas ambientales prioritarios del país. Las actividades de un país en desarrollo generan desperdicios que es necesario tratar y disponer en forma adecuada, por ello debe reconocerse el problema y buscar soluciones viables. El manejo inadecuado de los desperdicios sólidos peligrosos y no peligrosos en el pasado han causado problemas de contaminación de nuestro ambiente, agua, aire y terreno, lo que ha requerido que la Junta de Calidad Ambiental, en coordinación con otras agencias del Estado Libre Asociado y federales tomaron las acciones que en el derecho procedan, así como también la recomendación de políticas públicas hacia la solución del problema. La información actualizada sobre el manejo de desperdicios peligrosos en Puerto Rico para el año 1988 de acuerdo con lo establecido en la reglamentación estatal y federal indican que hay aproximadamente 405 generadores de desperdicios peligrosos, 88 facilidades de tratamiento, almacenamiento y disposición final; es indicativo también que 7.700 toneladas métricas de desperdicios peligrosos se transportan a facilidades permitidas ubicadas en Estados Unidos. Al presente se han identificado en la Isla nueve lugares en la Lista de Prioridades de facilidades abandonadas y de lugares altamente contaminados por residuos peligrosos, aunque la Ley 96.510 reglamenta estos lugares y provee los recursos para su evaluación, investigación y búsqueda de soluciones; en los casos en que se logra identificar a la parte responsable
por la situación, se le requiere de ésta cubrir los costos de limpieza y descontaminación del lugar, cuando no se puede identificar a la parte responsable, la Agencia de Protección Ambiental aporta el 90 porciento de los costos de limpieza y el gobierno estatal el 10 porciento. Esto implica que el gobierno deberá estar económicamente preparado para asumir su responsabilidad para palear las aportaciones para la limpieza y descontaminación de los lugares abandonados. La Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, tiene la función de reglamentar todo lo relacionado con el manejo de los desperdicios sólidos peligrosos y no peligrosos y a pesar de que tanto la Ley como el Reglamento claramente otorgan a la Junta el poder para controlar y reglamentar todo lo concerniente con los desperdicios sólidos, la Junta normalmente asume un rol de guía y orientadora, proveyendo asesoramiento y brindando asistencia técnica y asegurando la participación colectiva y el envolvimiento de las partes interesadas en la solución de las problemas ambientales que los aquejan. A causa de la complejidad que representan los problemas municipales de disposición de desperdicios sólidos no peligrosos, la Junta está recomendando soluciones a corto y largo plazo que incluye la regionalización de los servicios, la recuperación y reuso de los recursos y la alternativa de generación de energía. La capacidad para disponer los desperdicios que generan en sistemas de relleno sanitario en más del 75 porciento de los municipios está casi llegando al punto de saturación y la ubicación de nuevos sistemas se torna más difícil debido a la resistencia del público a aceptar a éstos cercanos a sus
comunidades y aunque el problema es responsabilidad municipal, requiere atención a nivel estatal y entre los esfuerzos, Puerto Rico habrá de cumplir con los requerimientos de presentar un Plan de Capacidad para el Manejo de los Desperdicios Peligrosos para un plazo de 20 años, tratando de lograr un sistema integrado de manejo de los desperdicios sólidos.
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