Institucionalizando la reforma administrativa
En: Estado & mercado : del enfrentamiento a la armonización. --
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1993
Se plantea la necesidad de llevar a cabo la reforma administrativa en los países en desarrollo, y se exponen las condiciones requeridas para una implementación exitosa de este proceso. Se examinan las posibilidades de mejoramiento del aparato administrativo y la elaboración de las políticas, y se discuten las perspectivas para el futuro en este campo. El Estado administrativo actual presenta numerosas insuficiencias y defectos, cuyas consecuencias se manifiestan en hechos tales como incapacidad para mantener la estabilidad social, despilfarro de recursos, subdesarrollo, corrupción sistemática, pérdidas innecesarias de vidas, y en suma, disminución de la calidad de vida. Los gobiernos deben reconocer la necesidad de encontrar medios para corregir estos transtornos causados por evidentes patologías burocráticas, a través de un programa efectivo de reforma administrativa. La institucionalización de la reforma administrativa debe tomar en consideración que todas las acciones humanas son imperfectas y por consiguiente susceptibles de ser mejoradas, que las organizaciones de gran escala presentan patologías burocráticas que deben ser abordadas, y que la mala administración pública debe minimizarse para mejorar la calidad de vida en la sociedad contemporánea. En base a la experiencia de aquellos países que han institucionalizado la reforma administrativa, es posible señalar algunos elementos que condicionan un desarrollo exitoso de la misma: 1) la especificidad del país; 2) la subordinación de la reforma administrativa como medio, a los fines establecidos; 3) los riesgos inherentes al proceso; 4) el carácter evolutivo de este proceso; 5) las inver
siones necesarias; 6) la especialización de las acciones en distintas áreas de la administración pública. La introducción de cambios efectivos en el sistema administrativo debe estar precedida por el mejoramiento del proceso de elaboración de las políticas públicas, lo que implica la creación de una serie de organismos apropiados para la implementación y el control de estas políticas en el ámbito de la función administrativa. Estos organismos deben asegurar los cambios en el sistema legal, en los procesos administrativos, y en la atribución de responsabilidades. Es igualmente necesaria la construcción de un marco institucional adecuado para la acción del gobierno y de los partidos políticos. Es preciso tomar en consideración una serie de elementos tales como la acción directa de los ciudadanos, el fortalecimiento de los controles legales, los medios de comunicación de masas, la figura del ombudsman, y las auditorías de desempeño, entre otros. El rol del Estado está cambiando, y en consecuencia habrá de modificarse la forma actual del Estado administrativo. La planificación central está siendo abandonada, en virtud del magro desempeño de las empresas públicas. Entre las nuevas alternativas consideradas se encuentra el socialismo de mercado, la privatización, y el desarrollo de organizaciones no gubernamentales. Más allá de las opciones posibles, lo que está en juego es el mejoramiento de la calidad del Estado administrativo.
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I.
II.
(1991-1991)