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Ley de administración financiera y control de gestión : normas complementarias y de procedimientos actualizada al 14 de mayo de 1993
[Monografía]. --
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1993. --
El Centro posee: 2a. ed. actual. Agosto de 1994; 3a. ed. actual. Agosto de 1995; 4a. ed. actual. Octubre de 1996 y 9a. ed. actual. Septiembre 2003 y 11a. edición de octubre de 2005
La reforma del Estado inaugurada a partir de la sanción de las Leyes No. 23.696 y 23.697, ha llegado a los sistemas de control gubernamental, con la sanción de la ley No. 24.156 de Administración financiera y control del sector público, que se analiza en esta publicación. Cualquier análisis que se lleve adelante en relación al cambio operado en la legislación nacional, no puede dejar de considerar que la estructuración que la norma dispone, opera sobre los dos aspectos: la administración de los recursos y gastos del sector público nacional y el control de los actos gubernamentales vinculados con aquella. Según se expone en el prólogo, ha llegado el tiempo en el cual desde distintos ámbitos se plantea la necesidad de dotar a la Administración de estructuras gubernamentales adecuadamente jerarquizadas que tengan como incumbencia el control de los actos públicos, otorgándole de tal manera un mayor grado de transparencia a la formación de dichas decisiones. El cambio operado es de la esencia del sistema y aún cuando ciertos aspectos del nuevo orden jurídico resultan menos opinables en orden al objetivo para el que han sido concebidos, era innegable la necesidad de producir una sustancial modificación en los instrumentos de la Administración Financiera y el control del Sector Público Nacional.Desde la perspectiva del derecho y en particular del derecho administrativo el nuevo ordenamiento jurídico revaloriza una serie de aspectos quizás un tanto dejados de lado. Así en materia de control acepta la estructuración del control creando dos órganos bien diferenciados y reservando a cada uno de ellos una función específica y distinta de la del otro.
Uno instalado en el ámbito del Poder Ejecutivo y dependiendo de éste, en tanto que el otro dependiendo del Congreso de la Nación. A su vez, incorpora una novedad jurídica, toda vez que reserva al Poder Legislativo la reglamentación de las normas de funcionamiento de la Auditoría General de la Nación. Aún hay otros aspectos, por ejemplo, establecer si contra las decisiones emanadas del Síndico General de la Nación le caben a los particulares los recursos administrativos normados por la ley No. 19.549 y el decreto No. 1759/72 y en tal caso en qué condiciones serían los mismos admisibles, ante quién tramitan y quién es la autoridad que los resuelve. Para culminar, no caben dudas que desde la perspectiva del derecho administrativo la nueva legislación abre nuevos e interesantes interrogantes de discusión, que no se agotan en los planteos precedentes, sino que se amplían notablemente a medida que se profundiza el exámen del nuevo ordenamiento impositivo. Se describen a continuación los capítulos en que se divide esta ley: Capítulo I: Ley No. 24.156; Capítulo II: Normas y procedimientos de aplicación; Capítulo III: Presupuesto Nacional y disposiciones de aplicación; Capítulo IV: Unidad de auditoría interna y Sistemas de Control y Capítulo V: Régimen de Contrataciones.
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